La acción política de quienes derrocaron al presidente hondureño utilizando dotaciones de las Fuerzas Armadas, no sólo atenta contra la institucionalidad democrática de nuestro hermano país centroamericano, que sin duda es lo más grave, sino que atenta también contra el proceso de recuperación democrática que creíamos consolidado en todo el continente.
No existe problema institucional alguno que justifique acciones de esa naturaleza, ninguna situación política interna puede alegarse para secuestrar y destituir a un mandatario elegido por el voto popular y de acuerdo a las reglas democráticas.
Por ello, y en consonancia con las declaraciones de la OEA y de todos los mandatarios de la región, reclamamos el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto de los principios democráticos.