El 28 de septiembre se conmemora el día mundial del Derecho a Saber. Ejercicio Ciudadano junto a otras organizaciones de la sociedad civil abogamos por una pronta sanción de una ley provincial y una nacional que regule el derecho de acceso a la información pública.
El libre acceso a la información pública es un elemento fundamental para garantizar una democracia participativa y una estrategia clave para promover la gestión de la transparencia en la gestión pública.
El derecho a la información es un derecho humano fundamental reconocido en distintos tratados internacionales y en nuestro país tiene rango constitucional, como queda manifiesto en el inciso 22 del Artículo 75 de la Constitución Nacional. Una vertiente del derecho a la información, es el Derecho de Acceso a la Información Pública. En las sociedades democráticas, este Derecho ofrece la garantía a toda persona de acceder a la información documentada que genere, se encuentre en poder o bajo el resguardo de las instituciones del Estado, o bien de otros organismos que desarrollen actividades con participación estatal.
El Derecho de acceder a la información pública asegura y hace posible que cualquier persona pueda ejercer un verdadero control sobre los actos de gobierno, garantizando la vigencia y la consolidación del sistema democrático. Para que este derecho pueda ser ejercitado, el Estado debe garantizar los mecanismos pertinentes que garanticen su cumplimiento.
Es un derecho que debe entenderse como un derecho que cualquier persona puede utilizar para obtener aquella información en poder o bajo resguardo de las entidades públicas o con participación pública, que permanece en los archivos de dichas entidades, y que no siempre es divulgada mediante la comunicación oficial.
Ejerciendo este derecho, las personas están habilitadas para opinar de manera fundada en el debate público, como también evaluar la actuación de quienes se desempeñan en el servicio público, indagar los problemas de la comunidad, y participar en la vida política.
Mediante el acceso a la información pública las personas pueden valorar las acciones de la administración pública; además de cerciorarse de que los actos públicos responden a necesidades sociales y no a intereses particulares.
Acceder a la información pública es también útil para fiscalizar la correcta administración del gasto público, lo que permite restringir los espacios de corrupción. Además, al permitir que el público observe las estructuras, funcionamiento y proceso de toma de decisiones, se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno; lo que ayuda a generar mayor confianza entre gobernados y gobernantes, profundizando con ello la vida democrática.
En suma, el derecho de acceso a la información pública es una herramienta que permite obtener toda aquella información que se considere pertinente y valiosa, y que a su vez puede ser útil para mejorar la calidad de vida de una persona o de un grupo de personas. Por tanto, puede considerarse un derecho de carácter instrumental, es decir, que sirve para ejercer otros derechos, como la salud, la educación, la vivienda o el acceso a servicios públicos esenciales. Mediante su utilización se pueden requerir al Estado y sus organismos todos aquellos datos que se consideren indispensables y que puedan ser útiles para hacer peticiones de distinta índole, reclamos o simplemente para tomar decisiones mejor formadas.
Por todo ello, es indispensable lograr una ley nacional y una ley provincial de acceso a la información pública que regule el ejercicio de este derecho humano fundamental.
La publicidad de los actos de gobierno fortalece la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, ya que es una alianza estratégica para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente. Pero sin participación y control ciudadano el logro de estas políticas de transparencia son sólo simples enunciados de buenas intenciones.