Los actos electorales previos a 1912 presentaban dos características relevantes: por un lado, una ínfima proporción de la población tomaba parte de ellos –en las 11 elecciones presidenciales previas a la sanción de la ley, la participación electoral alcanzó en promedio tan solo el 1,7 % de la población total– y, por otro, las elecciones eran usualmente manipuladas a través de diversos mecanismos de fraude electoral.
Con la nueva ley electoral, conocida como “Ley Sáenz Peña”, se consideró electores a todos los ciudadanos, natos y naturales que figuraran en el padrón electoral, desde los 18 años de edad hasta los 70. A partir de esa edad, el voto era opcional.
En aquel entonces, se consideró afectados de incapacidad y privados de ejercer el derecho de sufragio a los dementes declarados en juicio y los sordomudos que no pudieran expresarse por escrito. Por su estado y condición, se hallaban imposibilitados de votar los religiosos, los soldados y los detenidos por juez competente.
Además, por causas de indignidad, los reincidentes condenados por delitos contra la propiedad no podían sufragar durante cinco años después de cumplida la condena y los penados por falso testimonio y por delitos electorales, por el mismo lapso.
Las juntas escrutadoras de votos eran las encargadas del recuento de las votaciones; se reunían en la Cámara de Diputados de la Nación o en la Legislatura; estas juntas se constituían en cada capital de provincia. Cada una estaba integrada por el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el Juez Federal y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. En la capital de la república la integraba el Presidente de la Cámara Civil.
La ley Sáenz Peña se aplicó por primera vez en abril de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires; y en 1916 permitió que accediera al poder el candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.
Cabe destacar que la ley fue sufriendo modificaciones a lo largo de los años. El 29 de septiembre de 1947 se sanciona la Ley N° 13010, que promulga el voto femenino y que es aplicada en las elecciones de 1951. El 14 de diciembre de 2009 se sanciona la Ley N° 26571 de Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral; y el 14 de agosto de 2011 se realizan, por primera vez en nuestra historia como país, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.