Manifestamos en aquel momento nuestro interés en crear una corriente de opinión que impulsara el ejercicio activo de los derechos cívicos, como herramienta para fortalecer las instituciones de la Democracia.
Entendíamos entonces, y lo confirmamos hoy dolorosamente, que no hay derechos conquistados de una vez y para siempre, la lucha por los derechos de todo tipo es una tarea permanente, que nunca termina.
Asistimos hoy a un evidente retroceso en la promoción y protección de los Derechos Humanos en nuestro país a partir de las políticas públicas implementadas por el actual gobierno nacional.
A poco de conmemorar 41 años del Golpe cívico militar que sumió en el terror a nuestro país, advertimos con preocupación el derrotero de las políticas de DDHH, que suponen un claro repliegue en esa materia.
Sería demasiado extenso hacer un análisis exhaustivo sobre la multiplicidad de decisiones y propuestas que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos conquistados en Democracia.
No obstante, parece importante subrayar algunas; precisamente en relación al 24 de marzo, se intentó modificar el feriado establecido como "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia" a través de un decreto.
Este desprecio por los DDHH se puso de manifiesto en diversas formas; desde un funcionario que puso en cuestión el número de desaparecidos, hasta otro que negó que en la dictadura hubiera habido un plan sistemático de desaparición de personas.
En lo relativo al juzgamiento de las violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura, si bien el proceso judicial sigue su curso todavía existen cuestiones pendientes como la participación de civiles y la judicialización de delitos contra la integridad sexual cometidos durante la dictadura. Y es preocupante, además, la tendencia a beneficiar a los genocidas con prisión domiciliaria.
Pero, el retroceso no se limita a los derechos conculcados durante el terrorismo de Estado.
Ante sucesos definidos como “de inseguridad” se reitera la insistencia oficial para bajar la edad de imputabilidad para niños y niñas en conflicto con la ley.
Se mostró descarnadamente en recientes episodios de represión y tortura, la situación de exclusión social y económica de nuestras comunidades aborígenes como parte de la continua situación de vulneración de sus derechos.
Se advierte un cambio de paradigma en cuestiones migratorias, en un país que históricamente ha sido reconocido por la generosidad en esta materia. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de expresar su preocupación por el decreto migratorio del gobierno argentino. Textualmente afirma que “La adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes. La verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido.” Agregando que preocupan las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad”.
Incluso en lo que refiere a los derechos básicos , que aun las visiones liberales más dogmáticas sostienen como compromiso irrenunciable del Estado, se implementan políticas de pauperización de lo público. Es el caso de las decisiones que se adoptan en materia de salud y de educación.
Pero, tal vez la situación paradigmática de violación de DDHH es la detención ilegal de Milagro Sala, quien ya superó el año de encierro. En este caso se ha hecho caso omiso al pronunciamiento a favor de su liberación, por considerarla arbitraria, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A lo que se sumó la declaración del Departamento de Estado del gobierno estadounidense que, en su informe sobre derechos humanos, calificó a la prisión preventiva contra Sala como “arbitraria”.
Siendo que la Argentina ha liderado históricamente la agenda de derechos humanos a nivel internacional, creemos que este camino debe continuarse. Se deben implementar las obligaciones asumidas por nuestro país incorporadas al marco jurídico interno a través de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Es imprescindible garantizar que los DDHH reciban la misma protección y sean aplicados por igual en todo el territorio, tanto a nivel federal como provincial.
Por último, la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se obliga a cambiar sus decisiones, aun cuando las mismas sean reconocidas como violatorias de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta definición del máximo tribunal argentino restringe la fuerza normativa de los tratados de derechos humanos.
Este nuevo criterio jurisprudencial de la Corte Suprema es preocupante, porque modifica la jurisprudencia que había permitido posicionar al derecho argentino en un lugar de vanguardia con relación al alcance de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Constitución de 1994.
Se trata de un peligroso retroceso en materia de derechos humanos, que debilita el sistema de protección interamericano e impide que las decisiones de la Corte Suprema sean revisadas en esa instancia supranacional.
Este cambio jurisprudencial de la Corte Suprema confirma los temores expresados por nuestra organización, entre muchas otras, cuando, a poco de iniciarse la gestión de este gobierno nacional, presentamos objeciones a las candidaturas de dos de sus miembros.
Éstas y muchas más son las situaciones que nos alertan porque hieren el corazón mismo de nuestra Democracia.
Por Estela Perez Moncunill y Carolina Pesuto