El diputado por el GEN, Fabián Peralta, explicó que la actual ley de drogas “penaliza a la persona que posee sustancias ilegales aunque sea poca cantidad y se desprenda que sea para consumo personal. La Corte Suprema avalaba esta postura hasta que hace dos años y medio en el caso Arriola dictaminó que el Estado no puede penalizar a la persona que tiene sustancias para consumo personal, sino que debe penalizar al que está comerciando”.
Un fallo que habilitó el debate
Según el legislador, este dictamen de la Corte Suprema tuvo consecuencias importantes ya que, por un lado, indicó al poder Legislativo que la actual ley es anticonstitucional, dado que viola el artículo 19 de la Constitución Nacional**. Por otra parte, le dijo al Ejecutivo que debe dedicar todas sus acciones a la lucha contra el narcotráfico, y no a la persecución de los consumidores.
“Antes del fallo había presentados proyectos para despenalizar la tenencia para consumo, pero a partir del fallo adquirió más volumen la idea de discutir la reforma”, explicó. Desde ese momento vienen realizándose audiencias públicas con actores de diversos orígenes: curas villeros, directores de ONGs, jueces, sociólogos, psicólogos, entre otros.
En cuanto al tratamiento realizado en la Cámara de Diputados, Peralta comentó que habían avanzado bastante con los diputados Diana Conti del FPV, Gil Lavedra del radicalismo y Victoria Donda de Libres del Sur. “Cada uno tenía su proyecto y logramos consensuar una propuesta única”. Sin embargo, cuando el debate llegó al recinto la mayoría de los legisladores decidió suspender el avance y continuar con su análisis.
Con respecto al por qué de este freno en la sanción de una nueva ley, la presidenta de la Asociación Intercambios, Graciela Touzé, consideró que el retraso se da debido a que algunos legisladores quieren tratar la cuestión de la asistencia junto a la despenalización. Esto es, a su criterio, un error: “El tema de la justicia penal no tiene por qué emparentarse con las cuestiones de asistencia y salud”.
En este sentido, explicó que están de acuerdo con que existe un problema de déficit en materia sanitaria que debe ser abordado, pero son dos temas que van por carriles separados, por lo que “no hay por qué esperar que se resuelva un tema para abordar el otro”.
Por qué despenalizar
En cuanto a la importancia de despenalizar la tenencia para consumo personal, ambos entrevistados coincidieron en que la experiencia hasta el momento ha demostrado que la criminalización del consumo no ha significado ninguna solución al problema de adicciones y del narcotráfico.
Los argumentos en contra de la despenalización indican que nadie es condenado por tenencia para consumo. Si bien esto es cierto, las causas son iniciadas de todos modos, y pasan a archivo luego de dos años. Para Peralta, “el Estado no puede a una persona que tiene un problema de adicción, además incorporarle el problema de tener una causa penal”. Touzé, por su parte, aclaró que el hecho de no terminar en la cárcel “no significa que esas personas no hayan pasado por la comisaría; muchos fueron detenidos, algunos sufrieron maltratos, y debieron atravesar una causa penal”.
Un estudio de los juzgados federales realizado por uno de los abogados que trabaja en Intercambios, Alejandro Corda, arrojó que el 80 por ciento de las causas por infracción a la ley de drogas son por tenencia simple. Para el diputado del GEN, “esto significa desperdiciar esfuerzo, dinero y recursos en causas que después terminan en archivo”.
En este sentido, la trabajadora social coincidió, indicando que estos recursos podrían destinarse a escalones más altos de la cadena de tráfico de drogas y a la asistencia, que está muy descuidada. “Hoy la respuesta en la cuestión sanitaria está muy fragmentada y distribuida inequitativamente en el país”, explicó.
Según Touzé, una de las cuestiones que atentan contra el avance de una nueva ley es la confusión que existe en la opinión pública sobre las implicancias de la despenalización. “Muchos medios han distorsionado el tema, con o sin intención, equiparando el concepto de despenalización con el de legalización”. Esto es un error grave, ya que son procesos totalmente distintos.
La despenalización implica dejar de generar causas penales contra las personas que poseen sustancias tóxicas para consumo personal, mientras que la legalización pasa por el blanqueo del comercio de estas sustancias. Peralta aclaró que “lo que está pasando en Uruguay es otra cosa: allí se legalizó el comercio de la marihuana. Es una medida que hace años viene analizándose”. En este sentido, la presidenta de Intercambios indicó: “Lo que nosotros estamos pretendiendo que se apruebe en Uruguay existe hace años. Ellos nunca penalizaron la tenencia para consumo personal”.
Los dos entrevistados coinciden que el problema de la droga es un tema complejo, que debe trabajarse interdisciplinariamente y considerando sus múltiples factores de incidencia. Con respecto al narcotráfico, Peralta describió tres esferas donde influye: el campo de lo sanitario, la cuestión delictiva, y lo institucional. “El narcotráfico va corrompiendo las distintas esferas del Estado, en sus distintos niveles y poderes. Y un Estado corrupto no sólo tiene como consecuencia el avance del narcotráfico, sino cualquier otra consecuencia, en la medida en que pierde legitimidad”, afirmó.
Como conclusión, Touzé afirmó que la necesidad de modificar la ley de drogas sigue estando absolutamente presente, mientras que el diputado sostuvo que para tratar un tema de esta complejidad es necesario dejar de lado la hipocresía y hablar con honestidad. Por el momento, el debate se encuentra en suspenso, y algunos legisladores están elaborando nuevos proyectos. Se mantiene la expectativa de poder tratarlo nuevamente en el recinto y lograr un despacho favorable.
Con los años, la organización se fue abriendo a otros campos de interés, siempre manteniendo tres áreas principales de trabajo: una línea de investigación de corte social, una línea de intervención directa, hoy con una fuerte impronta de capacitación y acompañamiento en organizaciones de base comunitaria, y una tercer línea de incidencia política. Dentro de este campo se encuentra la labor en torno a la despenalización y el desarrollo de los Quince Puntos por una Nueva Ley de Drogas.
Touzé es trabajadora social, y docente en la UBA en la carrera de Trabajo Social.
**Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.