Ese lunes 26 de marzo el sol pegaba fuerte en los rostros de la multitud que se concentraba frente a la puerta del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario. Desde temprano se preparó el escenario, las pantallas, el sonido y todo lo necesario para compartir hacia afuera lo que ocurriría dentro del recinto.
Fueron llegando al boulevard Oroño las agrupaciones, funcionarios, querellantes, testigos, víctimas, familiares, amigos, todos... Se acercaban solos o en grupo, con fotos, con banderas, ellas con sus infaltables pañuelos.
Al mediodía, cerca de cuatro mil personas esperábamos con ansias escuchar a los jueces condenar a los genocidas. Cuando el momento llegó, automáticamente se multiplicaron los abrazos, al igual que las lágrimas. Un sentido de justicia se olía en el aire: doscientos ochenta y dos genocidas condenados, nueve juicios en curso y algunos más que se están por iniciar.
La sentencia tuvo lugar a menos de una semana de que el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla reconociera en público que mató e hizo desaparecer a “siete mil u ocho mil personas”, justificando su accionar afirmando que “no había otra solución”. Estas declaraciones contrastan con el momento histórico que atraviesa nuestro país, en el que proliferan juicios a los responsables del exterminio de toda una generación de libres pensadores y defensores de los derechos básicos del hombre, tales como la inclusión de todos los individuos al sistema de educación, salud y trabajo.
El resultado de la aplicación de esta metodología por parte de las Fuerzas Armadas y policiales fue un genocidio, concretado a través del asesinato, el secuestro, la tortura, y detenciones ilegales en centros clandestinos que funcionaron como campos de concentración y exterminio de miles de personas.
Si bien el trabajo de los diferentes organismos de derechos humanos es fundamental para el ejercicio real de los mismos y para la configuración de la memoria colectiva, es necesario el compromiso de todos los ciudadanos y de las instituciones con el respeto a la vida, el respeto por las ideas diferentes y el fortalecimiento de la democracia, que son las herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad pluralista y tolerante. Este es el legado que tenemos que dejar y enseñar a las generaciones futuras: memoria, verdad y justicia.
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*Tras un año y ocho meses de debate, el 26 de marzo de 2012 se dio a conocer la sentencia en el proceso donde son juzgados los delitos de lesa humanidad cometidos contra noventa y tres víctimas del Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario durante la última dictadura.
Los seis acusados fueron el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex-policías, José Rubén “el Ciego” Lo Fiego, Mario “el Cura” Marcote, José Carlos Scortechini, Ramón Vergara y el ex-militante montonero, Ricardo Miguel “Cady” Chomicky, acusado por la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Este último fue el único absuelto por el TOF Nº 2.
Esta sentencia corresponde a la primera parte de la megacausa que investiga lo acontecido entre 1976 y 1979 en el SI. En poco tiempo comenzará la causa conocida como Feced residual, en la que habrá dieciséis imputados, incluidos los antes mencionados. En el marco de esta causa Verónica Gauseño, autora de esta nota, será querellante por la desaparición de su padre, Miguel Ángel Gauseño.