Muchas organizaciones de la sociedad civil aplaudieron la decisión del Poder Ejecutivo de haber enviado en su momento el proyecto de las retenciones móviles al Congreso de la Nación. Con la convicción de que el Congreso es el ámbito deliberativo por excelencia, y más allá de los resultados de este caso en particular, es menester que todos los ciudadanos empecemos a exigir y exigirnos lo que es una obligación en un Estado de Derecho: que las instituciones cumplan con su rol, y que los ciudadanos lo hagamos también.
Luego de la decisión de la Presidenta de someter el proyecto de las retenciones al análisis del Poder Legislativo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil elaboraron un comunicado, que se publicó en los medios nacionales, donde alentaban y aplaudían tal decisión, pero a la vez solicitaban a los/ las legisladores/as que asuman su papel de modo responsable y garanticen la mayor transparencia y participación en el trámite parlamentario. El comunicado fue frmado, además de nuestra fundación, por la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y otras 14 organizaciones.
Como hemos podido observar en ambas instancias de deliberación, tanto diputados como senadores han realizado un esfuerzo por argumentar y expresar sus posiciones y opiniones al respecto. Las sesiones fueron largas y seguramente agotadoras, y finalmente se logró llegar, en ambos casos con reñidas y parejas votaciones, a un resultado cuya incuestionable legitimidad, tal como indica el comunicado de las organizaciones, deberá ser asumida por todos los involucrados como la resolución democrática del conflicto.
Sin intentar cuestionar la cierta legitimidad que tiene tal resolución, no habría que soslayar sin embargo, lo trascendido en torno a supuestas presiones y hasta en algunos casos amenazas a los legisladores por parte del gobierno nacional, con el objetivo de recordarles la importancia de la lealtad partidaria y asegurarse de que no se confundan al votar. Muchos medios hablaron también de presiones provenientes del sector agrario, e incluso luego de haberse conocido los resultados en diputados, algunos de ellos recibieron agresiones en sus propios domicilios. Es sorprendente que ni aún cuando el país entero estuvo pendiente de este suceso, no hubo pudor por parte de ningunos de los dos “bandos”, en atropellar la libertad y autonomía de los representantes, electos vale recordar, por el voto popular.
Esto invita a pensar en algunas cuestiones: por un lado, reconocer que nuestras instituciones son aún débiles y es necesario un gran esfuerzo por fortalecerlas. Por otro lado, reconocer que nuestra calidad cívica, es decir, nuestro calidad como ciudadanos comprometidos con las instituciones y con las cuestiones públicas, es también endeble, y que en la medida que no seamos mejores en tal sentido, no podremos pensar en un desarrollo integral de nuestras sociedades, ni cuestionar la calidad de la clase política, cuyos exponentes surgen del seno de la propia sociedad. En tal sentido, debemos exigir el correcto funcionamiento de las instituciones siempre, y no únicamente cuando un tema como el de las retenciones copa la prensa y la opinión pública durante más de cuatro meses.
Sin embargo, da la sensación que a raíz de este conflicto, el valor y el sentido de la democracia se hubieran exaltado, y en buena hora eso ocurra. Ojalá este conflicto nos deje como saldo la apertura de una oportunidad para pensar en serio cuál es el país que queremos, cómo hacemos de esta una mejor democracia, y de qué manera aportamos cada uno de nosotros, desde nuestro lugar de ciudadanos de una nación.