La Fundación Ejercicio Ciudadano, representada por su Presidenta Estela Pérez Moncunill, participó de la Jornada "Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana" organizada por la Asociación Civil El Ágora, Fundación Avina y la Universidad Católica de Córdoba. El encuentro se desarrolló en Córdoba y contó con la presencia de prestigiosos expositores de todo el país.
La jornada se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba y contó con diversos paneles. "Uno de los pilares de la vida democrática es la participación ciudadana y ésta supone ciudadanos informados e involucrados en las cuestiones públicas. El objetivo de esta jornada es generar un espacio de discusión en relación a la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública como medios para la apertura del Estado a la ciudadanía", afirmaron los organizadores.
Estela Pérez Moncunill, fue una de las expositoras del panel "Movilización y participación ciudadana como estrategias para la transparencia en el Estado" junto a Paola Ninci de la Asociación Civil El Ágora, Diego Correa abogado miembro de Fundación Pro Acceso (Chile) y Guillermo Worman, Director de Participación Ciudadana y Fundación Centro de Estudios Patagónicos (Ushuaia). La presidenta de Ejercicio Ciudadano destacó los avances realizados desde el municipio de Rosario en la materia y sobre la necesidad de instalar el compromiso, más allá de los niveles decisorios, en el propio personal de planta que suele tener mayores resistencias a la apertura por las implicancias que tiene en su propio trabajo.
RESUMEN DE LA JORNADA (suministrado por Asociación Civil El Ágora)
CIUDADANOS QUE LOGRARON ESTADOS MÁS TRANSPARENTES
La jornada comenzó con la mesa ‘Movilización y participación ciudadana como estrategias para la transparencia en el Estado’. Diego Correa, de la Fundación Pro-Acceso (Chile), presentó la ley que garantiza el acceso a la información pública en su país, originada a partir de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado chileno por negarse a brindar información pública en el renombrado caso Claude Reyes. “Fue un ejemplo de movilización ciudadana nacional e internacional que permitió el nacimiento de un nuevo paradigma institucional en Chile”, manifestó.
Continuó el debate Guillermo Worman quien comentó el trabajo que el Centro de Estudios Patagónicos viene realizando desde hace 10 años en 22 ciudades de 5 provincias de la Patagonia en las que, gracias a la participación ciudadana, han logrado la creación la implementación de leyes y ordenanzas de Acceso a la Información Pública. Worman explicó que con estos importantes avances en materia de normas pretenden controlar no sólo al Estado sino también a las corporaciones privadas, que muchas veces determinan las políticas públicas.
En el mismo panel Estela Pérez Moncunill, de la Fundación Ejercicio Ciudadano, destacó los avances realizados desde el municipio de Rosario en la materia y sobre la necesidad de instalar el compromiso, más allá de los niveles decisorios, en el propio personal de planta que suele tener mayores resistencias a la apertura por las implicancias que tiene en su propio trabajo.
El cierre de esta mesa estuvo a cargo de Paola Ninci, de El Agora, quien remarcó que si bien la provincia de Córdoba cuenta con una norma, la Ley 8803 y el Municipio con una ordenanza, la 10500, que reglamentan el derecho de los ciudadanos a obtener información pública, ambas tienen limitaciones. En el caso de la Ley Provincial de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado –Nº 8803 limita la información a aquella que sirva de base a actos administrativo.
En el orden municipal, Ninci recalcó que las trabas para ejercer el derecho de acceder a la información son aún mayores. La ordenanza 10500, además de ser poco difundida entre los propios funcionarios y en la ciudadanía en general, no fija plazos al Municipio para responder a los pedidos de información y no garantiza la gratuidad del trámite; dos aspectos imprescindibles que debe contemplar toda norma que pretenda asegurar el cumplimiento y garantizar el acceso a este derecho. Paola Ninci expresó que “hace falta una política para garantizar el acceso a la información pública y para ello, además de la existencia de la norma, es necesario generar una estructura institucional interna para adecuar los mecanismos, determinar qué organismo se va a encargar de responder los pedidos de información y quién va a controlar el funcionamiento del mismo”.
El programa de la jornada continuó con el panel ‘El Periodismo y el Acceso a la Información Pública’ en el que participaron Oscar Londero, periodista y editor de Accesolibre.org y Miguel Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC).
Osca Londero expuso el trabajo que viene realizando desde el portal web Accesolibre.org en la provincia de Entre Ríos para promover información relacionada al derecho de acceso a la información y difundir noticias elaboradas a partir de pedidos de información realizados a organismos oficiales. Londero subrayó las posibilidades que abre para los periodistas el ejercicio de este derecho como una herramienta y como fuente de información y sobre las repercusiones que tuvieron muchas de las noticias publicadas en el portal, elaboradas a partir de pedidos de información.
Por su parte, Miguel Rodríguez Villafañe destacó la labor que se realiza desde la sociedad civil para promover la transparencia y remarcó la necesidad de fortalecer y defender al Estado de aquellos paradigmas e intereses que buscan limitarlo y reducirlo cada vez más. A su vez, manifestó que existe en la sociedad civil y el periodismo comprometido un enorme potencial para instalar temas trascendentes para la sociedad y, de esa manera, centrar la discusión en los aspectos estructurales más que en aquellos datos anecdóticos. Si bien los esfuerzos aislados son importantes, es necesario potenciar el impacto de estas transformaciones. Para ello, es necesario ampliar la escala de las organizaciones y personas preocupadas y ocupadas en el tema y en esta tarea los medios de comunicación tienen una responsabilidad primordial, concluyó Rodríguez Villafañe.
ADOPTAR LA TRANSPARENCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA
Por la tarde, llegó el turno de los panelistas representantes del Estado. Germán Stalker, consultor en Políticas Públicas y Transparencia, presentó los avances que se habían alcanzado con la implementación del Decreto Nacional 1172 desde la Subsecretaría para la reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de Jefatura de Gabinete. Sin embargo, en diciembre de 2009 la misma gestión que impulsó esta apertura del Estado marca un cambio de rumbo en política de transparencia mostrando un claro retroceso en esta materia a nivel nacional.
Paulo Friguglietti, Director Provincial Anticorrupción y Transparencia del Sector Público de la de Santa Fe comentó la evolución de esa provincia a partir de un decreto del Poder Ejecutivo. En este sentido, Friguglietti expresó que: “Con esta norma no significa que estamos reconociendo la existencia del derecho que ya está garantizado por la propia Constitución Nacional, sino que estamos creando un mecanismo a través del cual el ciudadano puede acceder y solicitar información que le pertenece porque es pública”.
En el orden municipal, María Celeste Conde, Directora de Modernización y Transparencia del Estado, de Morón explicó que a partir de 1999 el Municipio de Morón incluyó a la Transparencia como uno de los pilares para reconstruir la confianza entre la comunidad y el estado local. A este fin, se puso en marcha el Programa de Discrecionalidad Cero que fue el marco para la creación de una ordenanza, elaborada mediante el proceso de elaboración participativa de normas, que garantiza el libre acceso a la información pública.
La otra exposición realizada desde una gestión municipal estuvo a cargo del Vice Intendente de la ciudad de Córdoba Carlos Vicente, quien describió las acciones realizadas para promover la transparencia en el Concejo Deliberante de Córdoba como la publicación de las declaraciones juradas de concejales y funcionarios en la página Web del Concejo y la creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública que responde pedidos de información sobre actos administrativos de este organismo.
ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA JUSTICIA
La jornada concluyó con el panel referido a la justicia y derecho a acceder a la información del Estado. En el mimo participó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales quien retomó los principios de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y enfatizó sobre la existencia de la Ley Nacional 25831 sobre Acceso a la Información Pública Ambiental, a partir de la cual se puede solicitar información en cualquier jurisdicción, aunque no existan normas locales ni adhesiones a la misma.
Por su parte Mariela Puga, representante de Clínicas Jurídicas de Interés Público de Córdoba, recalcó el valor simbólico y el impacto que puede provocar en los estamentos estatales el hecho de llevar a la justicia una demanda de información denegada. “Esto puede ser muy efectivo en algunas ocasiones, pero no puede transformarse en la norma. La mejor manera de acceder a la información no puede ser a través de la justicia porque es cara y porque es necesario leer los contextos”, concluyó Puga.
Finalmente, Manuel Garrido, Director del Programa de Justicia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, quien hizo mención de algunos litigios llevados contra el Estado nacional y expresó: “Por más que no existiera ningún decreto ni norma que reglamente el derecho a la información, el litigio es posible apelando a la normativa internacional, como lo testifica el fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes, en Chile”. Además, manifestó que en ocasiones se ha apelado a leyes de otros países para lograr información pública, como en el caso de los cobros de sobornos a una empresa norteamericana para la compra del helicóptero presidencial por parte del ex presidente Carlos Menem.
Todos los expositores y muchos de los participantes del encuentro destacaron la importancia de fortalecer espacios como esta jornada para favorecer la discusión sobre la transparencia y el acceso a la información pública y remarcaron la necesidad de multiplicarlos.
La temática dista mucho de ser exclusivo de un grupo de “jóvenes afrancesados et románticos progresistas”, como manifestó un desorientado y desinformado periodista de un devaluado matutino de la ciudad de Córdoba que confundió este evento con un acto partidario.
La transparencia del Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) es un problema que debe estar en la agenda de todos los ciudadanos porque no sólo ilumina y fortalece la calidad de nuestras instituciones democráticas, sino que impacta en las políticas de salud, educación, transporte, seguridad y tantos otras cuestiones que afectan nuestra calidad de vida.